Ocurren en América Latina sucesos cargados de significado. La destitución de Rousseff en Brasil, las marchas de la oposición venezolana y el reciente enfrentamiento entre mineros y policías en Bolivia. Prefiero comentar este último caso. Mineros descontentos han asesinado al viceministro Rodolfo Illanes que fue a dialogar con ellos. De “rebelión de la economía informal” la califica, desde las páginas de El Diario, periódico de La Paz, Armando Méndez, boliviano, expresidente del Banco Central. Pero ese conflicto, desde la fragmentada sociedad boliviana (tanto o más que la nuestra) deja ver la aparición de nuevos actores internos. Los llamados “cooperativistas” que, paradójicamente, son una entidad social permitida y auspiciada por el régimen mismo.
Fulgurante carrera política de Evo. Líder de cocaleros, las reivindicaciones de las poblaciones indígenas es su primera plataforma electoral en el 2005. Y en su primer mandato no solo se presenta como el primer aymara vencedor sino que en alianza con el MAS, y tras una nueva Constitución, se ocupa de la mayorías indígenas con aumentos en el salario mínimo y otras medidas, mientras en la escena internacional se alinea con Cuba, Venezuela y cerca del Brasil de Lula. Evo logra un segundo mandato (2009), reelegido con un 67%. Evo se convierte en el abanderado internacional al vincular el global tema climático a “la defensa de los derechos de la Tierra Madre”. Sus aliados del MAS obtienen la mayoría absoluta en el Parlamento. Y Bolivia en su nueva Constitución, establece en el artículo 311, “los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano y los administra el Estado”. Es el cenit. Una tercera victoria lo mantiene en su cargo, octubre del 2014, pero cuando intenta un referéndum que le permita un cuarto periodo, el resultado le es adverso. Hay que tomar en cuenta la campaña de demolición de la figura de Evo que acompañó aquella consulta. Lo acusan de favorecer a una expareja, Gabriela Zapata y además, de una paternidad no reconocida. Las investigaciones cesaron después del escrutinio. No había habido favoritismo y el hijo que se le atribuía, al aplicarse el ADN, no era suyo¡!
Lo que ocurre en Bolivia me trajo a la memoria un vaticinio de Norbert Lechner años atrás. Investigador de FLACSO, alemán de origen, chileno de adopción, hombre de izquierda. Nos dijo antes de irse que vendrían “sociedades de velocidades múltiples”, con “distintos tiempos sociales”. Veamos en la Bolivia actual cómo asoman los vaticinios de Lechner, veinte años después. La centralidad del poder es discutida desde abajo.
Lo que llaman en La Paz “cooperativistas” —término inexacto— son asociaciones de mineros informales. Y bajo determinadas pautas. Estas provienen del Estado-Evo. Pero se acaban de sublevar contra dos medidas. Por un lado, la ley 149, que les impone tener sindicatos. Y por otra parte, la Corporación Minera de Bolivia ha comprobado que los “cooperativistas” —que no son ni autoridad estatal ni empresas privadas— habían firmado 31 contratos con empresas privadas extranjeras. Dicho con claridad, se han atribuido funciones propias al Estado. No olvidemos que todo el territorio boliviano es “reserva fiscal”. ¿Cuántos son los “cooperativistas”? Pasan de cien mil. Por lo demás son extractores artesanales, rudimentarios. No van a invertir en exploraciones o en técnica avanzada porque no tienen capital. Por lo demás, el gobierno de Evo viene enfrentando tomas de minas desde el 2012, por “originarios”, comunidades y ahora “cooperativistas”. Volviendo a Lechner y si le entendemos, cuando un poder cambia la sociedad —es el caso de la Bolivia de Evo— también cambia la política. No es la primera vez que ha ocurrido. Y “la multiplicación de lógica distintas”. Todo ello en un texto copioso que él llamó “¿Por qué la política ya no es lo que fue?”. ¿Otra política? ¿La idea a la vez elitaria y revolucionaria de un Estado líder de masas explotadas —la idea fuerte del MAS y de Evo— está quedando como un poco corta?
Por el momento el poder ha actuado. La respuesta, cuatro decretos oficiales. A grandes rasgos, lo siguiente. Se revierte al dominio del Estado las áreas donde se suscribieron contratos entre “cooperativistas” y empresas privadas. Luego, obligan a declarar el número de asociados, mientras el gobierno pone a los informales llamados “cooperativistas” bajo la protección de la ley en temas de salud, mediante un aporte del 1,8% del valor neto. Y queda terminantemente prohibido el uso de la dinamita en manifestaciones públicas y huelgas, marchas. ¿Cómo no nos va a interesar lo que pasa en Bolivia? Hay Estado. Pero también —nos parece— una sociedad nueva, paradójicamente nacida de las innovaciones introducidas por la clase política encarnada por ese servidor del Estado al que han inmolado.
Publicado en El Montonero., 5 de setiembre de 2016
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